Las políticas del Gobierno británico que restringen el derecho de las personas extranjeras a la atención sanitaria afectan de forma negativa tanto a la salud pública como a la de estas personas, según informa un equipo de investigadores en la revista AIDS Care. La población con VIH afirma que pospone el momento de realizar las pruebas diagnósticas del virus, que sólo accede a la atención sanitaria cuando ya está tan enferma que tiene que ser admitida a través de urgencias y, además, que emplea terapias alternativas y pide medicación del extranjero. En los últimos años, se ha restringido la provisión de atención médica a las personas sujetas al control inmigratorio. Aunque aquellas que actualmente solicitan asilo y las que recibieron autorización para quedarse tienen derecho a asistencia gratuita en los hospitales de la red nacional de salud (NHS, en sus siglas en inglés), las que ven rechazada su petición de asilo y los inmigrantes indocumentados en ocasiones se encuentran con costosas facturas por el tratamiento médico.
Felicity Thomas y un equipo de colaboradores efectuó una investigación cualitativa en profundidad con inmigrantes seropositivos de Zimbabue, Zambia y Sudáfrica que viven en Londres (Reino Unido). Un total de 70 personas tomaron parte en once discusiones focales de grupo.
Aunque no hay ninguna ley que restrinja el acceso a la atención primaria en función de su estatus de inmigración, los encuestados declararon tener problemas a la hora de registrarse con un médico generalista. Un problema particular era que, en general, se les pedía que proporcionaran documentos que no podían aportar (por ejemplo, un pasaporte que había sido retenido por el Ministerio de Interior).
Según la legislación, la atención ofrecida en urgencias es completamente gratuita. Muchos encuestados ignoraban este punto y afirmaron haber retrasado el momento de acudir a buscar atención médica hasta que su dolencia era tan grave que tuvieron que llamar a una ambulancia. Un hombre comentó:
“Prefieres esperar a que se produzca una situación en la que entras en el hospital en ambulancia, ya que si acudes tú, quieren saber quién es tu médico generalista. Si no tienes ninguno, levantas muchas sospechas”.
El tratamiento en urgencias es extremadamente caro. Además, en la mayoría de los casos, el paciente requiere de forma inmediata un tratamiento antirretroviral y una estancia prolongada en el hospital.
Algunos pacientes habían recibido facturas por valor de varios miles de dólares en concepto de ingreso hospitalario, cirugía y terapia. El equipo de investigadores descubrió que estas experiencias a menudo afectaban a los sentimientos de las pacientes hacia el personal sanitario.
Las personas con derecho a recibir atención sanitaria gratuita aún podrían ser sometidas a visitas intrusivas por parte de las autoridades de inmigración o del hospital. Por ejemplo, una mujer recientemente diagnosticada de VIH recibió una factura por el tratamiento en el hospital:
“Me preocupaba cómo iba a pagar estas 4.000 libras. Lo que te mata antes es el estrés y la preocupación (...). Me descubrí pensando que si no tenía una autorización indefinida para permanecer en este país, ¿qué iba a hacer? (...) Simplemente, intentas marcharte, te quitas el gotero y escapas de allí antes de que llegue Inmigración”.
Los participantes declararon que recurrieron a la automedicación. Pidieron fármacos en sus países natales, pero reconocieron que a menudo los emplearon en dosis subóptimas o de manera inadecuada. Además, varias personas habían utilizado medicinas herbales y otras terapias alternativas, retrasando en algunos casos la realización de la prueba del VIH hasta que dicho tratamiento hubiera fracasado con claridad. Una mujer comentó:
“Existen algunas personas en este país que no disponen de papeles, que no pueden acceder a la atención primaria u hospitalaria, y que tienen que confiar en las medicinas tradicionales”.
Pese a que la prueba del VIH es gratuita para todo el mundo (en el entorno sanitario público), el tratamiento antirretroviral no lo es. Los encuestados indicaron que esto ha desincentivado que otras personas de la comunidad se sometieran a la prueba:
“Si no puedo acceder a los servicios, no tengo ningún motivo para realizar la prueba. Si la hago y descubro que tengo VIH, sé que será muy difícil acceder [al tratamiento]”.
En su conclusión, los autores señalan que las actuales políticas pueden servir para apaciguar a una parte del electorado británico, pero actúan como una barrera frente a la aceptación de la prueba y el tratamiento del VIH. Asimismo, las políticas pueden hacer que las personas recurran a otras formas de tratamiento que pueden ser costosas, dañinas o ineficaces. Además de tener repercusión sobre la salud de la población, es probable que las políticas tengan un impacto sobre la transmisión del virus.
Fuente: www.aidsmap.com
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